En 2021, académicas del Instituto de Geografía de la UNAM y la organización de la sociedad civil CartoCrítica juntaron su experiencia y recursos para indagar en el tema. ¿Existe una relación entre la actividad minera y el desplazamiento de personas por inseguridad y violencia?
Cuando en 2013 nos asomamos a ver los impactos de la minería
El rápido enriquecimiento del ejido lo dejó vulnerable frente a la delincuencia de todo tipo. El recrudecimiento de la violencia ligada al crimen organizado era cada vez más visible. Las noticias de levantamientos, secuestros, asesinatos y extorsiones en Carrizalillo eran cada vez más frecuentes, así como las exigencias de los grupos delictivos para apropiarse de las ganancias económicas ligadas a la minería. Desde octubre de 2014, se reportaban personas de la comunidad detenidas, asesinadas y torturadas. La violencia generalizada en el estado de Guerrero, junto con la dudosa intervención de las autoridades, abonaba a la crítica situación de la zona y motivó la salida de gran parte de la población en una forma de desplazamiento forzado. Esto que vimos en Carrizalillo nos generó la inquietud de si es así en todas las experiencias mineras o era esta una excepción.
La violencia está presente cada vez que se analiza la minería, así lo muestra el alto número de agresiones sufrido por las personas defensoras ambientales frente a los proyectos mineros en los últimos 10 años, que acumulan 11 homicidios, 12 casos de lesiones, y decenas de casos de amenazas, criminalización, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, hostigamiento e intimidaciones. Continuando en este camino, es posible seguir el rastro de violencia hasta los altos índices de desplazamiento interno forzado que ocurre en los territorios con proyectos mineros. A nivel nacional, aquellos sitios con conflictos sociales por la actividad minera presentan una tasa de más del doble de migración causada por violencia e inseguridad, frente a territorios que se encuentran libres de concesiones mineras.
En 2021, académicas del Instituto de Geografía de la UNAM y la organización de la sociedad civil CartoCrítica juntaron su experiencia y recursos para indagar en el tema. ¿Existe una relación entre la actividad minera y el desplazamiento de personas por inseguridad y violencia? En un esfuerzo por dar respuesta preliminar a esta pregunta, se exploraron las relaciones entre los datos disponibles con respecto al desplazamiento interno forzado, la incidencia delictiva y la minería. Los resultados en extenso de este estudio saldrán en un artículo de investigación próximo a publicarse. Sin embargo, a manera extracto, publicamos aquí algunos de sus resultados correspondientes a la regionalización minera y la migración.
Sin importar sus causas, la migración interna de la población en México es un fenómeno profundamente extendido, con poco más de 6.3 millones de personas que reportaron haber cambiado su lugar de residencia a otro municipio o entidad entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Según los datos del más reciente Censo de Población y Vivienda del Inegi, la migración interna se da por múltiples causas: familiares (45.7%), laborales (28.8%), de estudios (6.7%), por deportación (0.6%), por desastres naturales (0.4%) y, desde luego, por inseguridad y violencia en el entorno (4%), entre otras causas.
Debido a la inseguridad delictiva y la violencia, 251 mil personas reportaron haber migrado en este periodo, es decir, enfrentaron un desplazamiento interno forzado. Los datos del censo no nos permiten identificar qué tipo de violencia o qué tipo de delitos ocurrieron en cada municipio para provocar esta migración, por lo que es necesario cruzar estos datos con otras fuentes de información para entender las causas subyacentes que orillaron a estas personas a dejar su territorio. Es en este contexto que cabe preguntarse si la presencia de recursos naturales estratégicos en el territorio, como son el agua, el gas, los minerales, el petróleo o el viento y las consecuentes actividades de exploración, extracción o aprovechamiento de estos pueden constituir uno de los factores detonantes de procesos de violencia que generan el desplazamiento interno forzado de la población.
Para este estudio,
- Municipio sin minería ni potencial de oro, plata y cobre.
- Municipio con potencial de oro, plata o cobre (sin concesiones, proyectos, ni conflictos mineros)
- Municipio con concesiones mineras de oro, plata o cobre (sin proyectos ni conflictos mineros)
- Municipio con proyectos mineros de oro, plata o cobre (sin conflictos mineros)
- Municipio con conflictos sociales por actividad minera de oro, plata o cobre (independientemente de si hay o no proyecto minero activo)
Fue importante identificar también a los municipios solo con potencial minero que no haya sido ni esté en vías de ser explotado, para a partir de estos, poder contrastar los datos de lo que ocurre en aquellos municipios con actividades mineras (concesión, proyecto o conflicto). Los municipios sin minería ni potencial son por lo regular territorios con valles y planicies, más aptos para la vida urbana y que, en general, concentran a la mayor cantidad de población. A diferencia de aquellos con un territorio más agreste y accidentado, normalmente con menor cantidad de población, en donde se encuentra el potencial y las actividades mineras. Debido a esto, el mejor grupo de control para contrastar los datos no son los municipios sin minería ni potencial, más cercanos a las problemáticas sociales de las grandes ciudades, sino aquellos que solo tienen potencial minero pero que no tienen presencia aún de concesiones, proyectos o conflictos mineros.
Para analizar el desplazamiento interno forzado en relación con la minería, se agruparon los municipios de cada entidad según su regionalización minera y se calculó la tasa de migrantes, por inseguridad y violencia, por cada 100 mil habitantes para cada grupo. Para cada entidad y región minera se calculó el promedio de las tasas municipales, considerando a los municipios como unidades similares con independencia de su tamaño poblacional. De lo contrario, el análisis estaría sesgado a representar los resultados de los grandes centros de población e invisibilizaría lo que ocurre en los municipios mineros que tienen menor población y que son el foco de este estudio.
Los resultados de este cálculo son contundentes y reveladores de la existencia de una situación profundizada de violencia e inseguridad en el entorno de las actividades mineras. A nivel nacional, existe una clara tendencia de aumento de la violencia e inseguridad conforme la actividad minera se profundiza. En promedio, a nivel nacional, la tasa más baja de migración por inseguridad y violencia está en los territorios con potencial minero, pero libres de concesiones y proyectos, con una tasa de 61 personas migrantes por inseguridad y violencia por cada 100 mil habitantes (en adelante “tasa” y “migrantes por inseguridad”), esto es aún más bajo que la media nacional, que tiene una tasa de 91. Conforme la actividad minera avanza, esta tasa va aumentando: 103 personas en las regiones concesionadas, 122 personas en las regiones con proyectos mineros y 131 personas migrantes por inseguridad en las regiones con conflictos mineros. Es decir que, en promedio, el desplazamiento interno forzado a nivel nacional se eleva más del doble al pasar de las regiones libres de actividad minera (solo con potencial) hacia las regiones con alta actividad minera.
Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa. El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios libres de actividad minera (solo con potencial) tienen en promedio una tasa de 174 personas migrantes por inseguridad (la tasa más baja de la entidad), los municipios con proyectos mineros de Guerrero tienen la tasa promedio más alta de migrantes por inseguridad de todo el país: 728 personas de cada 100 mil. Los municipios con conflictos mineros en Michoacán, con una tasa de 613 personas, son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad presumiblemente ligado a la minería. Sinaloa resalta con una tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta que el promedio de los municipios sin actividad minera de la entidad, con apenas 42. Los casos de Chihuahua y el Estado de México son prácticamente idénticos y también llaman la atención, con una tasa promedio de 340 y 342 personas migrantes por inseguridad en los municipios con conflictos mineros, frente a una tasa de apenas 37 en los municipios libres de actividad minera.
El control del territorio es primordial para la actividad minera, como lo es también para la delincuencia. Las consecuencias están a la vista. Al parecer, lo que pasó en Carrizalillo no fue excepcional, era la norma del modelo extractivo minero. La migración interna forzada es otro impacto, no tan conocido ni estudiado de la minería en México, del que todavía queda mucho por decir.
